MANIFIESTO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011
ALIANZA DEMOCRÁTICA DE ORGANIZACIONES CIVILES
Hoy 1 de septiembre, en medio de una crisis global, de características inimaginables, inicia uno de los periodos de sesiones más importantes del Congreso de la Unión, y concluye el quinto año de gestión de la administración de Felipe Calderón, una administración gris, un sexenio perdido, teñido de rojo por la violencia que desató y que no ha sido capaz de controlar, queriendo resolver el problema de inseguridad con una propuesta necia, fundamentada en la militarización y de oídos sordos hacia la ciudadanía, que es quién sufre las consecuencias. Una estrategia fallida.
Durante el gobierno de Felipe Calderón los mexicanos vemos como se nos escapa la posibilidad de una vida digna:
· Más de 3 millones de mexicanos pasaron a ser pobres; ahora no hay 48.8 millones sino 52 millones de pobres.
· El número de personas vulnerables por ingreso pasó de 4.9 millones en 2008 a 6.5 millones en 2010.
· 12 millones de trabajadoras y trabajadores no tienen un contrato laboral que reconozca sus derechos, ni seguridad social, ni organización que lo represente. Es decir no tienen trabajo decente (o digno).
· Mientras en junio el desempleo llegó a 5.74% de la Población Económicamente Activa (PEA), afectando principalmente a mujeres y jóvenes.
· Además del mal funcionamiento económico, es necesario recordar las consecuencias lamentables de su estrategia de seguridad: del año 2006 al 2010 hubo 37,109 defunciones por motivos del narcotráfico. Tan sólo en los primeros 14 días de 2011, cada 40 minutos hubo una persona asesinada en nuestro país en incidentes relacionados con el crimen organizado, con un total de 507 homicidios. En estos hechos lamentables más de 900 niñas y niños murieron en fuego cruzado y existen 50 mil huérfanos por la actual estrategia de Felipe Calderón. Mientras que en México hay 43 mil menores de 18 años en las filas del crimen organizado.
¿Qué ha hecho la actual administración para evitar esto? Casi nada. Por eso, es urgente transformar la estrategia. Como lo hemos planteado en otros espacios, es necesario crear un Fondo de Emergencia Social y desarrollar acciones que sean acordes a las propuestas de la gente que vive la violencia. Es necesario abrir espacios a la participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones viables a problemas concretos, en otras palabras, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Y este es un mensaje, no sólo a un Ejecutivo incapaz, sino al abanico de partidos políticos, que privilegiando su pragmatismo, difieren la discusión, cada vez insoslayable, de cuál debe ser el modelo alternativo de desarrollo, en un país, que se nos está desmoronando en las manos.
Por otra parte, dentro del trabajo legislativo, el PAN ha insistido en que las reformas urgentes para el País son:
i) La Reforma Laboral;
ii) La Reforma de la Ley de Seguridad Nacional;
iii) La Reforma Política.
Estas iniciativas – de acuerdo con las declaraciones últimas de ese partido y del Ejecutivo Federal-parece que se seguirán impulsando aún en el período ordinario de sesiones. De ellas se puede decir que constituyen el último esfuerzo de Calderón por desarrollar su agenda toda vez que:
- La reforma laboral es, de los tres compromisos iniciales al asumir la presidencia, el que queda pendiente (si bien a medias avanzó en los otros dos: Reforma Fiscal y Reforma Energética); con ello a la vez contribuye no sólo a la mayor flexibilización de la fuerza de trabajo (haciendo legal lo que ahora es ilegal), sino que de paso golpea a uno de los actores que han funcionado como contrapeso al poder gubernamental.
- La reforma política que es presentada como una reforma para “ciudadanizar la política”, en realidad es una falacia, porque el contenido importante de la minuta del Senado tiene que ver con la ampliación del poder presidencial frente al Legislativo, donde se le dan facultades de veto al presupuesto y la capacidad de legislar por encima de los representantes del Congreso a través de la iniciativa preferencial. Dejando de lado el asunto de los medios de comunicación, los que –a partir de las innovaciones tecnológicas- aumentan su concentración en las dos cadenas oligopólicas. En conclusión esta reforma política busca fortalecer las bases del autoritarismo presidencial.
- La reforma de seguridad nacional pretende también –como la del trabajo- legalizar las prácticas reales que actualmente son ilegales, como las detenciones de civiles por el ejército, su actuación en funciones de seguridad pública; a la vez que también incrementa el poder presidencial, que le permitiría decidir la declaratoria de situación de excepción y movilizar al ejército para fines de seguridad interior (concepto inexistente en la Constitución). Los riesgos de represión indiscriminada a las luchas sociales aumentan considerablemente.
Las tres reformas apuntan a lo mismo, a fortalecer a última hora el poder de un Presidente débil, al que la gobernabilidad se le escapa de las manos. Frente a esta situación es necesario el trabajo concurrente de diversos movimientos, cuyo legitimidad debe ser basada en la exigencia del pleno cumplimiento de los derechos humanos, hoy fortalecidos con la reforma en la materia, que al hacer obligatorios los Convenios internacionales, permite recursos de inconstitucionalidad ante reformas como la laboral o la de Seguridad Nacional, en esta alianza de diversos actores debiera de trabajarse más a fondo.
Como lo hemos expresado en otros momentos, la agenda legislativa del Movimiento no sólo recoge las demandas que durante estos años hemos venido integrando, sino implica manifestar nuestra franca oposición a las reformas que se privilegian en el Congreso, en razón de los tiempos políticos.
Como parte del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, nos sumamos al llamado de construir un polo social y democrático capaz de transformar el régimen económico, político y social de nuestra nación.
¡NO a la Ley de Seguridad Nacional!
¡NO a la Reforma Laboral!
¡NO al veto presidencial al presupuesto!
¡NO a la iniciativa preferencial por parte del Ejecutivo!
¡Sí a nuevos y efectivos espacios de Participación Ciudadana en las decisiones de envergadura!
